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QUE ES EL DERECHO AL OLVIDO

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Facetas del derecho al olvido

La primera faceta del derecho al olvido está relacionada con el pasado judicial o penal de un individuo. Es la faceta más clásica. Inicialmente estaba vinculada sobre todo a la creación de registros de antecedentes penales. Hoy en día, el derecho al olvido del historial judicial ha ido mucho más allá de los antecedentes penales. Una vez pagado lo debido, la sociedad debe ofrecerle la posibilidad de rehabilitarse e iniciar una nueva vida sin tener que soportar el peso de sus errores del pasado el resto de su vida. Este derecho entra en conflicto con el derecho a la información; el tiempo es el criterio para resolver el conflicto.

Prioridades del derecho al olvido

El derecho al olvido debe dar prioridad a las exigencias del derecho a la información cuando los hechos que se revelan presentan un interés específico para su divulgación. El interés está vinculado, por tanto, al interés periodístico de los hechos. Esto sucede cuando una decisión judicial pronunciada por un tribunal forma parte de las noticias judiciales. Es entonces, legítimo recordar esta decisión mencionando los nombres de las partes (excepto si son menores de edad, en cuyo caso se aplican diferentes normas de protección). Pero con el transcurso del tiempo, cuando ya no se trata de una cuestión de actualidad o noticiable y siempre y cuando, ya no exista una razón que justifique una nueva divulgación de la información como noticia, el derecho al olvido anula el derecho a la información. Aún se puede mencionar el caso, pero no se deben incluir los nombres de las partes o los datos identificados.

Importancia del valor informativo

El valor informativo de un caso inclina la balanza a favor del derecho a difundir a costa del derecho al olvido. Y en cuanto deja de tener valor como noticia, la balanza se inclina en la otra dirección.

Excepciones del derecho al olvido

Se pueden admitir dos excepciones. Esto significa que el derecho a la información anulará el derecho al olvido a pesar del tiempo transcurrido:

• para los hechos relacionados con la historia o cuando se trate de un tema de interés histórico y
• para los hechos vinculados al ejercicio de la actividad pública por parte de una figura pública. El interés histórico y el interés público también se deben tener en cuenta para resolver el conflicto entre el derecho al olvido y el derecho a la información.

El derecho al olvido respecto al pasado penal y judicial

El derecho a ser olvidado en lo que respecta al pasado penal y judicial ha sido reconocido por la jurisprudencia basándose en el derecho a la privacidad o en los derechos de la personalidad. En el entorno de Internet, este derecho podría ser una respuesta apropiada a los problemas planteados por la memoria electrónica eterna (la creación del efecto eterno) combinados con la potencia de la recuperación y recopilación de datos de los motores de búsqueda.

Prioridades del derecho al olvido

El derecho al olvido no es absoluto y debe dar prioridad a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información pública o el interés público en la investigación histórica cada vez que la ponderación entre los derechos en conflicto lo exija. Las leyes de protección de datos reconocen y protegen legalmente un derecho más amplio al olvido, que no se reduce solo a la información judicial. Es válido para cualquier dato personal, no se limita a datos privados o confidenciales.

Sobre la legislación en la protección de datos

La legislación de protección de datos ha establecido un régimen muy equilibrado en lo que se refiere al derecho al olvido. Se basa en dos principios básicos: la obligación de borrar o hacer anónimos los datos personales una vez se ha logrado el objetivo del tratamiento y el derecho concedido al titular a oponerse justificadamente al tratamiento de sus datos. Más allá de este derecho bien establecido a ser olvidado, se reivindica un derecho aún más amplio al olvido. Está pensado para ser específicamente aplicable al entorno digital de Internet. Significaría la eliminación automática de los datos, sin que el interesado tuviera que dar ningún paso para obtener ese resultado. Equivaldría a atribuir una fecha de caducidad a los datos sin necesidad de un análisis previo caso por caso.

Aplicación del derecho al olvido

la aplicación del derecho al olvido se encuentra con dificultades prácticas. Y ese derecho inevitablemente entra en conflicto con otros derechos, libertades e intereses legítimos. Una vez más, en este caso, la ponderación entre los derechos implicados y el respeto al principio de proporcionalidad debería ofrecer la respuesta acerca de qué derecho debe prevalecer. La cuestión de la ampliación del derecho a ser olvidado es todavía un tema controvertido. O bien las proposiciones están muy delimitadas y presentan el riesgo, si se aplican en la legislación de protección de datos, de proporcionar respuestas muy concretas a cuestiones específicas de tecnología, lo cual no es garantía de una legislación duradera o la ampliación plantea problemas por la restricción que crea a la libertad de expresión, al derecho a la información pública y al interés histórico y pedagógico.
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